Burgos

DESCUBREN A UN CAZADOR CON UN CORZO SIN PRECINTAR EN LA ZONA DE LA BUREBA

    Agentes del Servicio Territorial de Medio Ambiente confiscaron el trofeo y cursaron la denuncia correspondiente

    Agentes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Burgos sorprendieron a un cazador en un coto privado de la Bureba mientras trasladaba en un vehículo un trofeo de corzo macho sin el precinto obligatorio para su transporte.

    Confiscación de Trofeo de Corzo Sin Precintar en La Bureba

    Intervención del Servicio Territorial de Medio Ambiente

    El 20 de mayo de 2024, agentes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Burgos sorprendieron a un cazador transportando un trofeo de corzo macho sin el precinto obligatorio en un coto privado de la Bureba. De inmediato, se decomisó el trofeo y se cursó la denuncia correspondiente. La normativa autonómica exige el precintado de corzos cazados para garantizar la legalidad y trazabilidad de las piezas, con sanciones que oscilan entre 2.000 y 10.000 euros por incumplimiento.

    Este incidente subraya la importancia de cumplir con las regulaciones de caza para preservar la sostenibilidad de los recursos cinegéticos. Las sanciones severas reflejan el compromiso de la Junta de Castilla y León con la conservación de la fauna y la legalidad en las prácticas de caza. Es crucial que los cazadores sigan estas normativas para evitar repercusiones legales y contribuir a la gestión sostenible de la vida silvestre.

    Desde el mismo momento en el que se detectó el hecho, se procedió a decomisar el trofeo, así como a iniciar los trámites necesarios para cursar la denuncia correspondiente. Según indica la normativa autonómica sobre caza acerca del precintado de los ejemplares de corzo que han sido cazados, este debe colocarse de forma obligatoria en la cuerna del animal para que su traslado y transporte esté autorizado, además de que garantiza una adecuada trazabilidad y que la pieza se ha obtenido de forma legal.

    El incumplimiento de esta obligación constituye una falta grave contra la sostenibilidad del recurso cinegético y conlleva una sanción que puede oscilar entre los 2.000 y los 10.000 euros.

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