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Subida de todas las pensiones sin variar según lo que se cobra

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Casi 10,3 millones de pensiones contributivas de Seguridad Social subirán un 2,8% en 2025

Las pensiones contributivas se revalorizarán en 2025 previsiblemente un 2,8%, de acuerdo con el Índice de Precios de Consumo (IPC) medio interanual. Hoy se ha conocido el dato adelantado del IPC de noviembre, que permite calcular de forma provisional el incremento de las pensiones para el próximo año. La cifra definitiva se confirmará el 13 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo del IPC.

Las pensiones contributivas subirán un 2,8% en 2025: ¿suficiente para mantener el poder adquisitivo de nuestros mayores?

Las casi 10,3 millones de pensiones contributivas de la Seguridad Social en España experimentarán una revalorización del 2,8% en 2025, según el Índice de Precios de Consumo (IPC) medio interanual entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Este aumento, que también se aplicará a las más de 720.000 pensiones de Clases Pasivas del Estado, podría suponer aproximadamente 600 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación y unos 500 euros para la pensión media del sistema.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que esta medida es «una garantía de tranquilidad para los 10 millones de personas pensionistas de nuestro país, ciudadanas y ciudadanos que han trabajado y cotizado durante décadas». Según Saiz, la revalorización anual de las pensiones es una cuestión de justicia social que asegura que quienes han contribuido a toda una vida mantengan su poder adquisitivo sin tener que renunciar a nada.

Sin embargo, es pertinente cuestionar si este incremento es realmente suficiente para enfrentar los desafíos económicos actuales. Aunque la revalorización se alinea con el IPC, la realidad es que muchos bienes y servicios esenciales están experimentando subidas de precios por encima de la inflación promedio. Los costes de la energía, la alimentación y la vivienda han mostrado tendencias alcistas que podrían erosionar el poder adquisitivo real de los pensionistas.

Desde la entrada en vigor de la Ley 20/2021, las pensiones se actualizan anualmente conforme al aumento de los precios, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo. Esta legislación busca garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y reforzar la sostenibilidad financiera y social del sistema público. No obstante, la sostenibilidad a largo plazo sigue siendo un desafío, especialmente ante el envejecimiento de la población y la disminución de la natalidad, que afecta la relación entre cotizantes y pensionistas.

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Un pensionista que actualmente recibe una pensión media de 1.441 euros mensuales pasará a percibir 1.481,35 euros en 2025, lo que supone un incremento anual de 564,87 euros. Si bien cualquier aumento es bienvenido, es necesario considerar si esta cantidad es suficiente para cubrir el incremento real de los gastos cotidianos y si permite a nuestros mayores mantener una calidad de vida digna.

Es fundamental reflexionar sobre la eficacia de las políticas actuales y si están abordando de manera integral las necesidades de la población pensionista. La revalorización conforme al IPC es un mecanismo esencial, pero quizás insuficiente si no se complementa con otras medidas que abordan la inflación en sectores clave y que protegen a los más vulnerables.

La ministra Saiz ha afirmado el compromiso del Gobierno de España de seguir trabajando para que el sistema de pensiones sea cada vez más fuerte, justo y sostenible. Sin embargo, para lograr este objetivo, es necesario un debate abierto y autocrítico que involucre a todos los actores sociales y políticos. Es preciso evaluar si las reformas implementadas hasta ahora son suficientes o si se requieren cambios más profundos en el modelo económico y social.

En última instancia, la justicia social no se logra solo con incrementos porcentuales, sino garantizando que cada persona pueda vivir con dignidad y seguridad. Es hora de preguntarnos si estamos haciendo todo lo posible para asegurar que nuestros mayores, que han contribuido al progreso de la sociedad, reciban el reconocimiento

Desde la entrada en vigor de la Ley 20/2021, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales, las pensiones se actualizan cada año conforme a la subida de los precios para garantizar su poder adquisitivo, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo, tal y como se recogía en su 2ª Recomendación.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que esta medida “es una garantía de tranquilidad para los 10 millones de personas pensionistas de nuestro país, ciudadanas y ciudadanos que han trabajado y cotizado durante décadas. La subida de su pensión es justicia social. Para mí, justicia social es que su cesta de la compra y su vida pueda seguir siendo la misma, sin renunciar a nada”.

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La ministra ha subrayado que la revalorización anual de las pensiones “es compromiso del Gobierno de España y seguiremos trabajando para que el sistema, ejemplo entre las grandes economías de nuestro entorno, sea cada vez más fuerte, justo y sostenible”.

Un incremento medio de 600 euros anuales para jubilados

La revalorización supondrá, aproximadamente, 600 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales. Este incremento beneficiará a los cerca de 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, además de las 720.148 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

Un pensionista que perciba una pensión de 1.441 al mes (coincidente con la pensión media de 2024 de jubilación) pasará a recibir en 2025 una pensión de 1.481,35 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 564,87 euros.

La fórmula utilizada para calcular la revalorización del próximo ejercicio es la establecida por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, mediante la cual se fijó la garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social de sistema público de pensiones.

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