Consumo propone a ciudades de toda España que se sumen a su investigación sobre pisos turísticos ilegales

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha puesto en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para proponer a ciudades de todo el país que se sumen a la investigación que el ministerio que dirige Pablo Bustinduy puso en marcha a comienzos de este mes de junio sobre anuncios que se publican en plataformas de alquiler turístico de viviendas que no disponen de licencia para operar como alojamiento turístico.

Turistas caminando por una calle donde se encuentran varios pisos turísticos.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha contactado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para invitar a ciudades de toda España a participar en una investigación sobre anuncios de alquiler turístico de viviendas sin licencia. Esta investigación se inició a principios de junio y busca abordar una práctica que infringe la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, considerada como una práctica comercial desleal.

Colaboración con la FEMP

El ministerio, mediante la Dirección General de Consumo, ha enviado una carta a la FEMP ofreciendo a las ciudades la posibilidad de unirse a esta iniciativa. La acción se enmarca en un convenio previo entre Consumo y la FEMP, establecido para desarrollar un marco común de protección de los consumidores. La colaboración se intensificará con la información que puedan aportar los ayuntamientos sobre viviendas que operan sin licencia, complementando los requerimientos ya enviados a plataformas de alquiler turístico.

Capacidad sancionadora

La Dirección General de Consumo, con capacidad sancionadora desde 2022, estudia la apertura de expedientes sancionadores por estas prácticas ilegales. Las infracciones pueden ser consideradas graves, con multas de hasta 100.000 euros, o incluso más, alcanzando entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Impacto en el modelo de ciudad

Consumo destaca el «importante impacto en el modelo de ciudad» que tienen las viviendas turísticas y la «necesaria colaboración entre las distintas administraciones» para garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores y usuarios. La acción también busca asegurar una competencia justa en el mercado del alquiler turístico, protegiendo así la habitabilidad de las ciudades.

Esta propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 busca erradicar las prácticas ilegales en el sector del alquiler turístico, garantizando que todas las viviendas cumplan con la normativa vigente y protegiendo los derechos de los consumidores.

Consumo señaló entonces que perseguirá esta práctica que supondría una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y que se consideraría una práctica comercial desleal.

En base a estos preceptos, y retomando el convenio que se suscribió entre Consumo y la FEMP para desarrollar un marco común de colaboración en la protección de los consumidores, la Dirección General de Consumo ha enviado una carta a esta federación para ofrecer a las ciudades españolas que puedan unirse a las acciones emprendidas por el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy para poner fin a la publicidad de alojamientos turísticos sin licencia. Esta acción llega después de que Consumo enviara requerimientos a plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre qué viviendas estarían incurriendo en esta infracción, pesquisas que ahora se podrían intensificar con la información que puedan aportar los ayuntamientos. Por esta razón, Consumo pone sus competencias a disposición de los consistorios para trabajar de formar conjunta en la identificación de viviendas no habilitadas para operar como turísticas.

La Dirección General de Consumo recuerda que dispone de capacidad sancionadora desde el año 2022 y que va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que, según el precepto legal, pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se podría sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. Por otra parte, Consumo señala en su carta a la FEMP el «importante impacto en el modelo de ciudad» que tienen las viviendas turística y «la necesaria colaboración que debe haber entre las distintas administraciones» para poder garantizar que se cumplen los derechos de los consumidores y usuarios, así como para velar por una competencia legal en un sector «que profundiza en la habitabilidad de las ciudades».